El Gobernador Nicolás García presidió este martes un Consejo Extraordinario de Seguridad en el que, en compañía del secretario de Gobierno, Juan Carlos Barragán, la Policía Nacional, el Ejército de Colombia y la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca, analizó la situación originada por presuntas amenazas a algunos alcaldes de las provincias del Gualivá y Tequendama.

“Hemos previsto con el general Morales y el coronel Urrego, realizar  consejos de manera periódica, enfocados en la temporada electoral. Sin embargo, hoy decidimos abordar un tema puntual y es el de las amenazas que han recibido los alcaldes de Villeta, Sasaima, Viotá, La Vega, Cabrera y El Colegio, que, de acuerdo con las investigaciones adelantadas,  provienen de la delincuencia común y no de grupos al margen de la ley. Una vez revisados los casos, tendremos una línea de trabajo. Debemos ser  parte de la solución y no de la zozobra”, dijo el primer mandatario departamental.

Por su parte, el comandante de la Brigada Trece del Ejército, general Rodolfo Morales, adelantó que se ha analizado cada uno de los casos y se han tomado medidas preventivas. “Hemos brindado acompañamiento a los alcaldes del Gualivá  por medio del  Batallón Miguel Antonio Caro.  En Cundinamarca no hay presencia de estas estructuras al margen de la ley. Se trata de delincuencia común haciéndose pasar por estos grupos, aprovechándose de los antecedentes históricos”, dijo.

A su turno, el comandante de la Policía de Cundinamarca, Edwin Masleider Urrego, se refirió a la situación particular de cada uno de los municipios en cuestión, dando cuenta de las investigaciones que se ha adelantado.  “Nos hemos reunido con  los alcaldes para hacer una evaluación y un nuevo estudio de riesgos, brindando todo el apoyo de la institucionalidad. Hasta el momento, todos los mandatarios se encuentran ejerciendo en sus territorios”, informó.

Y el delegado de la Defensoría del Pueblo, Regional Cundinamarca, Juan Sebastián García, aseveró que estas acciones, provengan de grupos armados, delincuencia común o ciudadanía inconforme, deben tener consecuencias por tratarse de conductas punibles. Y planteó emitir una alerta temprana de carácter preventivo durante la etapa electoral.

Como conclusión, el Gobernador del departamento sugirió  enviar una circular a los 116 alcaldes para que actualicen la situación particular de sus territorios, desde el Comité de Garantías Electorales. Y adelantar consejos provinciales para estar al tanto de lo que ocurre en todos los municipios de cada una de las 15 provincias.

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