La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria al alcalde de Anolaima, Cundinamarca, Luis Hernando Martínez Zabaleta, por la presunta apertura irregular de la planta de beneficio animal y cobrar el impuesto al degüello, recursos que no habrían entrado a las arcas del municipio.

 

La Provincial de Instrucción de Facatativá señaló que el mandatario supuestamente omitió la orden de suspensión que tenía el lugar de sacrificio, emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario, y adujo que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos le autorizó su uso de manera provisional.

 

Al parecer, el alcalde cobró por el uso del lugar a ganaderos y comerciantes locales y logró recaudar cerca de $10 millones que no fueron reportados a la Secretaría de Hacienda del municipio, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria.

 

Con esta investigación, el organismo de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria; o si se ha actuado o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

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